La epidemia del coronavirus no pasará en vano sobre ningún aspecto de la vida pública.
Uno de sus efectos visibles está siendo la autonomía con que distintos gobiernos locales se han conducido ante ella, revelando en su prisa que el reloj de sus urgencias no coincide con el ritmo ni con las prioridades del gobierno federal.
La votación contra la llamada ley Bonilla nos recuerda lo mucho que le falta juzgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre decisiones de este gobierno.
No recuerdo un presidente mexicano reciente que haya entregado a las fuerzas armadas más poder y más tareas de gobierno que el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A buen fin no hay mal principio, dice el dicho, y se ha cumplido con nitidez en el fallo de la Suprema Corte, sobre la llamada ley Bonilla. Antiley Bonilla debió de llamarse en realidad porque era una propuesta contraria en todo a la Constitución y a las leyes electorales del país.
La diatriba de Andrés Manuel López Obrador contra los médicos del fin de semana pasado es lo más ofensivo y lo menos oportuno que haya dicho en mucho tiempo.
Algo muy negativo deben estar viendo en las redes sociales los estrategas de comunicación del gobierno, cuando el mismo Presidente sale a denunciar que hay en ellas una “infodemia” pagada.
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