Vemos un país sometido a la extorsión del derecho de piso, como si el crímen no sólo estuviera echando balazos y matando gentes, sino apoderándose de funciones del Estado, siendo como autoridades sustitutas que deciden qué se compra, qué se vende, cuánto cuesta esto, cuánto tienes que pagar, qué impuesto tienes que pagar.