80.2% de los mexicanos cree que todos los delitos deben castigarse con cárcel.
El 74.5% cree que los acusados de un delito deben estar presos en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se les acusa.
Estos son datos de la más reciente encuesta de la organización Impunidad Cero, dada a conocer el 23 de agosto pasado
Prisoner Defenders, una organización dedicada a investigar violaciones de derechos humanos y condiciones de reclusión de presos de todo el mundo, presentó la semana pasada en México su informe “La verdad militar detrás de las misiones médicas cubanas”.
Nadie se equivoca mucho si lee las decisiones del gobierno en los tiempos que corren con una lógica electoral.
Quizá la figura legal más opresiva de nuestra legislación penal es la prisión preventiva oficiosa, mediante la cual puede encarcelarse a alguien sin haberle probado que cometió el delito que se le imputa.
Se diría que la política mexicana es un juego que no puede jugarse sin presos políticos: ciudadanos mal acusados de supuestos delitos graves, a los que el gobierno mete a la cárcel por razones políticas, para allanarse el camino, infundir miedo o cumplir venganzas personales.
La comisión gubernamental encargada del caso Ayotzinapa llegó a la conclusión que ya tenía: fue un “crimen de Estado”.
Los simpatizantes del actual gobierno dijeron desde un principio: “Fue el Estado”. Lo refrendan ahora desde el poder, pero no entregan un esclarecimiento del caso, sino a un culpable político: el encargado de la investigación anterior, Jesús Murillo Karam.
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